¿Cómo se llama la obra?

Primer acto, 2003. El gobierno de Lagos promulga la Ley 19.856, que permite, a quien muestre conducta sobresaliente en la cárcel, descontar dos meses por cada año de condena cumplido. Excluía a parricidas, homicidas calificados y autores de robos violentos.

Segundo acto, 2018. Hernán Larraín, ministro de Justicia de Piñera II, recibe la solicitud de un condenado por violación de un menor de 14 años. La rechaza, pero una corte lo obliga a concederla. El 11 de noviembre de 2019 el gobierno de Piñera envía un proyecto para cerrar esa puerta.

Tercer acto, 2020 a 2022. Se discute el proyecto de ley, y en su primer trámite, el ministro Larraín aclara varias veces que, al tratarse de beneficios y no de irretroactividad penal, no se requeriría artículo transitorio, y que para la historia de la ley, era importante que quedara claro que la norma debía regir “in actum” desde su publicación. La Cámara aprueba el proyecto 134 a cero. El Senado, también por unanimidad.

Cuarto acto, 2022 a 2026. Los ministros de Boric rechazan todas las solicitudes en las causales que indica la ley, y defienden dicha exclusión cuando los afectados concurren a tribunales. La Suprema acoge la mayoría de los amparos, pero también rechaza otros. En febrero de 2026 la mayoría de su Sala Penal cambia de criterio, en línea con el espíritu de la ley, y ya desde el 10 de junio se rechazan las solicitudes a todos los abusadores de menores que recurren a tribunales.

Quinto acto, 2026. El ministro Rabat asume el 11 de marzo y parte rechazando las solicitudes de este beneficio. En mayo, el subsecretario argumentó por oficio a la Corte de Valdivia que la ley debe regir in actum. En junio, la Corte Suprema le da la razón al ministerio por una solicitud que rechazó. ¿El argumento? La rebaja es un beneficio y no un derecho, y la ley de 2022 es “imperativa y de cumplimiento irrestricto” para el ministerio.

Sexto acto, junio 2026. Al día siguiente de ese fallo, inexplicablemente, el ministro firma un decreto que concede una rebaja, con el argumento contrario al que la Suprema había entregado horas antes, sumado a “los principios de eficiencia y eficacia en el actuar de la administración”. Desde entonces concede administrativamente las rebajas que la ley niega. La “doctrina de la Corte Suprema” que el ministro dice acatar era mayoritaria en 2025, pero ya en 2026 se había revertido y su propio ministerio acababa de ganar un caso. La actual administración otorgó este beneficio 56 veces, además de concederlo en dos casos de crímenes de lesa humanidad, hasta que explotó por una investigación periodística. La mayor rebaja, de 36 meses, fue para un hombre condenado por violar y abusar de su hija de 11 años. Hoy, según el gobierno, los 56 abusadores gozan de libertad, mientras en medio de la angustia y el temor las víctimas y sus familias no encuentran explicación.

Séptimo acto, octubre 2026. El recién estrenado vocero de gobierno exhibió performáticamente decretos de la administración anterior y de la actual, para decir que “el resultado es exactamente el mismo”, omitiendo que los primeros eran obligados por los tribunales tras litigar, y los segundos, concedidos por decisión política.

Octavo acto. El Presidente Kast reconoce “un error” y dice que “este vacío existía desde hace años y nadie lo cerró”. Ratificó a Rabat en el cargo, encargándole cerrar la supuesta puerta que tendrían los abusadores de menores para acceder al beneficio. Una puerta que la Corte Suprema, interpretando de manera correcta la ley aprobada por unanimidad en el Congreso (incluida la bancada republicana), ya había cerrado y que su administración abrió por decreto.

Noveno acto. En la desesperación, algunos en el oficialismo han intentado difundir mentiras o tergiversar noticias del pasado para culpar a sus adversarios políticos, otros filtran desde dentro detalles de lo ocurrido, se culpan unos a otros y varios exigen la renuncia de su propio ministro. Y mientras tanto, las víctimas, que no fueron notificadas a tiempo de estos decretos, parecieran no estar en el radar político.

El nombre de la obra quedará a imaginación del lector, pero el espectáculo que vemos es el de un gobierno que prometió mano dura, pero libera a los peores criminales que ha condenado la justicia.

Por Giorgio Jackson, ex ministro de Desarrollo Social.

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