CDE se querella contra carabinero acusado de pedir $20 millones a Camila Polizzi durante su arresto domiciliario

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal por el delito de cohecho contra un cabo primero de Carabineros, acusado de solicitarle $20 millones a Camila Polizzi mientras cumplía labores de fiscalización de su arresto domiciliario en Concepción.

De acuerdo con el documento, que lleva la firma del abogado Georgy Schubert, los antecedentes emanan de un parte policial, fechado el 2 de diciembre de 2024, día en que un suboficial de la 1ª Comisaría de Concepción acudió al departamento de la imputada por la arista Lencería del caso Convenios, para controlar el arresto domiciliario total que cumplía.

Durante la visita, la excandidata a diputada le habría descrito presuntas irregularidades de un integrante de la unidad, identificado como Juan Retamal Jara, hechos que habrían ocurrido el 27 de noviembre de ese año.

Según consta en la acción penal, cerca de las 11.35 de ese día, el uniformado, identificado como cabo Retamal, llegó al edificio para fiscalizar la medida y le comentó a Polizzi que la conocía de su paso por la Gobernación Regional.

Como había terceros en el hall, propuso retomar el contacto más tarde. A las 11.51, ella recibió mensajes de WhatsApp desde un número asociado al funcionario, en los que pedía reunirse una vez terminado su turno.

Horas después, y ya de civil, el cabo ingresó a una oficina del departamento. Allí habría descrito una serie de problemas económicos.

Polizzi le habría advertido que no resultaba prudente solicitarle ayuda, dada su condición de imputada y la de él como funcionario. Ante la insistencia, ella le consultó cuánto necesitaba y recibió como respuesta la cifra de $20 millones.

Al explicar ella que no disponía de ese monto por retenciones judiciales, la petición bajó a $5 millones o $3,5 millones, suma urgente para saldar una deuda que, según el relato, le impedía ingresar a la Escuela de Suboficiales.

Tras media hora, la imputada le dijo que “lo pensaría”, por temor a que una negativa derivara en represalias durante los controles de su medida cautelar.

El texto consigna otra visita, a las 00.46 del 29 de noviembre, cuando el uniformado se encontraba en servicio. En esa ocasión, Retamal le habría consultado si había evaluado el tema y Polizzi le replicó que era imposible acceder a su solicitud, retirándose el funcionario sin objetar.

Nuevos mensajes llegaron el 1 y el 2 de diciembre, y fue entonces cuando la víctima en este caso conversó con el suboficial, quien le indicó que debía formalizar una denuncia.

Para dejar registro escrito, el 3 de diciembre Polizzi envió un mensaje por WhatsApp con su negativa. Frente a la insistencia del cabo por $5 millones, la imputada le escribió: “Es que no se puede, ni 20, ni 5, ni nada”.

Las capturas de pantalla, entregadas de forma voluntaria, permitieron identificar al funcionario como integrante de la 1ª Comisaría de Concepción.

La acción solicita diligencias para el Ministerio Público, entre ellas tomar declaraciones a testigos, oficiar a Carabineros para determinar si el cabo continúa en servicio, si existió un sumario administrativo y para obtener su hoja de vida.