Una alerta del FBI por amenazas en ChatGPT permitió descubrir un plan para realizar tiroteos en escuelas de Chaco

La Justicia federal investiga una amenaza de ataques armados contra escuelas de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, y de la ciudad de Corrientes, que supuestamente iban a ser ejecutados el próximo 28 de octubre. La pesquisa comenzó con un reporte del FBI que alertaba sobre las consultas y búsquedas realizadas por un usuario de ChatGPT. La Gendarmería detuvo a dos jóvenes y secuestró sus computadoras; ahora, los detectives judiciales buscarán establecer la verosimilitud de la amenaza y los eventuales alcances del plan.

Según informaron fuentes de la causa, el usuario de la plataforma de inteligencia artificial, identificado por las iniciales I. Z., “habría afirmado que tenía un plan para perpetrar un tiroteo en distintas instituciones educativas”. También habría asegurado que poseía una pistola, bombas caseras, cócteles Molotov y aproximadamente 400 cartuchos de calibre 9 milímetros.

La conexión a Internet utilizada para efectuar esas consultas en la IA fue geolocalizada en Presidencia Roque Sáenz Peña. Con ese dato, el fiscal federal Carlos Martín Amad ordenó una serie de medidas para identificar al usuario de ChatGPT y determinar su lugar de residencia.

Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Sáenz Peña, de Gendarmería, establecieron que el sospechoso tenía registrado un domicilio fiscal en Machagai y otro alternativo en Resistencia, a unos 130 kilómetros de distancia uno de otro.

Una vez en Machagai, los gendarmes localizaron el punto asociado con la conexión de internet en las inmediaciones de una plaza situada a dos cuadras de la avenida Malvinas Argentinas, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Ese enclave se situaba muy cerca de uno de los establecimientos educativos que, según los reportes, iba a convertirse en blanco del eventual ataque armado.

A partir del relevamiento de redes abiertas determinaron que el sospechoso “tendría una vinculación académica con la Universidad de la Cuenca del Plata” y que vivía con su madre y su hermano en una propiedad de dos plantas situada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, de esa ciudad.

El juez federal subrogante Fernando Carbajal ordenó un allanamiento en esa vivienda con el objetivo de procurar el secuestro, si los hubiera, de armas, municiones, explosivos, dispositivos electrónicos y documentación vinculada con una eventual planificación del atentado.

Según pudo saber LA NACION, no se secuestraron armas ni explosivos que el sospechoso decía poseer, pero sí incautaron tres notebooks, una PC de escritorio, un monitor, tres teléfonos celulares y un pendrive.

Los gendarmes también encontraron dos agendas con anotaciones que, según la evaluación preliminar, podrían estar vinculadas con la planificación del episodio investigado; concretamente, las coordenadas de dos colegios de Presidencia Sáenz Peña y uno de Corrientes, referencias sobre cómo usar las armas y un plan de escape.

Dentro de un armario fueron hallados dos cuchillos, dos facas de fabricación casera, dos barretas, un cortafierros, un machete, un martillo y un punzón. En otro sector de la casa se secuestró un bidón metálico vacío, con capacidad para diez litros de combustible.

Los gendarmes también incautaron el libro El tren de la muerte, con una esvástica y un halcón en la tapa, y 3.280.000 pesos, de los cuales $3.240.000 estaban dentro de una caja de un parlante, guardada a su vez en una mochila.

El fiscal Amad dispuso el secuestro de dos jóvenes de 19 y 22 años, que quedaron inicialmente alojados en la comisaría 1ª y la comisaría 6ª de Presidencia Roque Sáenz Peña, a disposición del juez Carbajal. Los jóvenes ya declararon ante la Justicia: dijeron que había sido “una broma”; luego se les decretó la prisión domiciliaria preventiva, mientras los investigadores judiciales avanzan en el peritaje y análisis de los dispositivos y las agendas secuestradas para verificar el alcance del presunto plan de masacre escolar.

En diálogo con el Diario Chaco, el fiscal Amad explicó que el mes pasado, el FBI había informado a la Policía Federal Argentina que alguien en Presidencia Sáenz Peña había preguntado a ChatGPT “cuestiones vinculadas con explosiones y ataques” a establecimientos educativos que tendrían como blanco tanto a profesores como a alumnos.