Después de la Operación Ámsterdam: el estado actual de los dispensarios de cannabis en Chile

A mediados de agosto, los dispensarios de cannabis se tomaron la opinión pública con el caso Imperio Ámsterdam, una investigación judicial y policial liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros, en la que se investiga la existencia de una red de crimen organizado dedicada al tráfico de marihuana bajo la fachada de un negocio medicinal.

La investigación comenzó en agosto de 2024 tras una serie de antecedentes en Coyhaique, que fue escalando hasta descubrir una estructura con presencia nacional liderada desde la zona oriente de Santiago.

Según la Fiscalía, los imputados, ligados a la Corporación Dispensario Nacional y a empresas como MA Botánico, utilizaban la figura de los dispensarios, que son organizaciones sin fines de lucro que administran cannabis para el tratamiento de pacientes con recetas médicas, para comercializar otros productos derivados de la marihuana, como comestibles, vaporizadores y ungüentos.

Tras el operativo, que dejó 72 detenidos, el Ministerio Público formalizó a 44 involucrados. A pesar de eso, durante las semanas siguientes, la Fiscalía enfrentó nuevos reveses judiciales, especialmente cuando la Corte de Apelaciones de Santiago revocó las prisiones preventivas decretadas contra ocho imputados vinculados al Dispensario Nacional.

Días después, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió un incidente de nulidad presentado por las defensas de algunos imputados, que denunciaron la interceptación irregular del teléfono del abogado de la organización por parte de la Fiscalía.

La abogada Agustina Alvarado, académica de Derecho en la Universidad Andrés Bello, es enfática en señalar que en Chile “no existe un marco legal específico” sino que su regulación se construye sobre la base de los elementos contenidos en los delitos de cultivo y tráfico previstos en la Ley N°20.000, bajo ciertos supuestos que impiden que un delito se configure.

¿Están en riesgo otros dispensarios?

Para esclarecer toda duda, la Operación Ámsterdam no impacta en el funcionamiento de otros dispensarios dispersos por el territorio. Así lo explica el doctor Sergio Sánchez, director médico de Latinoamérica Reforma. “En virtud de la ley, de las buenas prácticas, y sobre todo de las necesidades de las personas que ocupan la planta para fines medicinales, deberían mantenerse. No veo que estén en riesgo”, plantea.

En ese sentido, Sánchez plantea que si bien este caso encendió las alarmas, la mayoría de los dispensarios en Chile cuentan con “buenas prácticas, tienen ordenadas sus recetas médicas… De esa manera, no hay ninguna sospecha de que pueda haber asociación ilícita”.

Agustina Alvarado, de la UNAB, añade que, pese a la falta de un marco legal específico, los dispensarios han logrado tener cierto marco gracias a sentencias y resoluciones judiciales relacionadas con el consumo colectivo por motivos medicinales, recreativos, espirituales y de uso adulto.

Por ejemplo, Sánchez señala que, cuando el cultivo responde a fines médicos, el artículo 8º de la Ley 20.000 contempla su autorización bajo determinadas condiciones. Así, estas organizaciones planifican sus plantaciones en función del número de usuarios, quienes deben estar debidamente inscritos, pagar cuotas y contar con sus respectivas licencias.

El último avance regulatorio en la materia fue la publicación del Decreto 84 en 2015 por parte del Ministerio de Salud, que modificó los decretos supremos Nº 404 y 405, permitiendo el uso de cannabis y sus derivados para tratamientos médicos, bajo ciertas condiciones y autorizaciones específicas. “Si se cumple con esos criterios, los dispensarios pueden funcionar”, afirma.

El caso de Green Life

En la última década, un caso que permitió esclarecer un camino es el fallo del 2020 del dispensario Green Life, donde ganaron un juicio ante la Corte de Apelaciones de San Bernardo, que consideró que la actividad del club cumplía con la ley. Ignacio Espinoza, abogado de dicha organización y de otras comunidades con pacientes de cannabis medicinal, relata a LT BOARD cómo fue el camino para lograr su validación a nivel judicial.

Fundado en 2016, Green Life cuenta con personalidad jurídica regulada por la Ley 20.500 y el Código Civil. Se define como una entidad sin fines de lucro constituida como una asociación, es decir, un grupo de personas que comparten un objetivo común. “Eso es lo que somos: personas que nos juntamos para hacer fuerza de todo tipo, para poder tener este cultivo medicinal de buena calidad, con orientación, seguridad y transparencia”, plantea.

Espinoza recuerda que, un año después de la fundación de Green Life, la asociación interpuso un recurso de amparo preventivo ante la Corte de Apelaciones de San Miguel con el objetivo de “mostrar a la justicia que somos una entidad legal y legítima, y que no dañamos a la salud pública”. Asimismo, sostiene que “la Ley 20.000 avala el uso medicinal, siempre que se acredite su uso exclusivo, personal y próximo en el tiempo”.

El caso de Green Life estableció un camino para el funcionamiento de dispensarios, siempre respetando el circuito cerrado, con usuarios identificados y vinculados a la organización, sin venta abierta al público, presentando documentación para formar parte de la comunidad, con derechos y obligaciones. Se suman los mecanismos de control, con trazabilidad del cultivo, registros de pacientes, reglas internas, contabilidad y medidas de seguridad para evitar robos de la planta.

“Incluso tuvimos a una psicóloga que hizo control de admisibilidad para pesquisar posibles consumos problemáticos”, plantea Espinoza ante una estructura que dispensa cannabis según lo que indique la receta médica.

Modelo respaldado

Tras la resolución de 2020, el abogado Ignacio Espinoza comenta que el fallo favorable permitió validar un modelo de funcionamiento. Desde entonces, asesora a otras comunidades.

Ante la incertidumbre provocada por el caso Ámsterdam, Espinoza señala que organizaciones de Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas temían una supuesta “cacería de brujas”. Sin embargo, cita al fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, quien ha expresado que “hay un modelo respaldado por la jurisprudencia y que es legítimo”.

Mientras se desarrolla la investigación y se espera su resolución, Sergio Sánchez plantea que actualmente no existe espacio para discutir a nivel legislativo la utilización de la marihuana con fines no médicos.

“El gobierno pasado se comprometió a avanzar en legalizar y permitir el cultivo para uso adulto. Si el gobierno pasado, que era de gente liberal y racional, no pudo o no quiso avanzar, con menor razón veo posible que eso ocurra en un gobierno conservador, con personas que son suspicaces respecto al uso de la planta”, analiza.

De hecho, Sánchez cree que uno de los aspectos pendientes en el mediano plazo es establecer criterios más estrictos para el control de calidad de los cultivos medicinales, con involucración del Instituto de Salud Pública, para asegurar la calidad que reciben los pacientes. “Al final, estas plantas las están consumiendo seres humanos y hay que preocuparse de que no tengan condiciones de cultivo que sean peligrosas para la salud”, sentencia.

¿Qué evidencia existe sobre la marihuana medicinal?

Más allá de la discusión sobre el funcionamiento de los dispensarios, el cannabis con fines terapéuticos también plantea interrogantes médicos.

Para el psiquiatra Carlos Ibáñez, director del Centro de Estudios de Adicciones (CESA) de la Universidad de Chile, uno de los principales problemas es que bajo el concepto de “cannabis medicinal” se agrupan productos distintos, con composiciones y niveles de evidencia que no son equivalentes.

“No es lo mismo un medicamento cannabinoide que tiene concentraciones conocidas que la planta completa”, advierte Ibáñez. El especialista distingue entre fármacos de composición estandarizada y preparados artesanales, como los aceites elaborados a partir de la planta.

Según explica, existen medicamentos cannabinoides con evidencia para indicaciones específicas, entre ellas la epilepsia refractaria y la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple. Sin embargo, sostiene que esos resultados no pueden extrapolarse automáticamente al uso de la planta completa o a preparados cuya concentración de componentes no está estandarizada.

El psiquiatra también plantea que el tratamiento con cannabinoides debe partir de una evaluación médica que considere el diagnóstico, los riesgos individuales, la dosis y la duración.

“Eso va a requerir después un seguimiento médico”, señala, aludiendo a la necesidad de que estos tratamientos no se indiquen de manera generalizada ni se entiendan como inocuos por su origen natural.