Jueces que administran injusticia

El 27 de febrero, el Congreso de la Nación sancionó una nueva ley penal juvenil (Nº 27.801), que fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, pero que, por disposición de la propia ley, recién entró en vigor el 5 de septiembre. La norma define el régimen penal aplicable a los menores que delinquen, y una de sus notas más salientes es la modificación de la edad de imputabilidad, que pasó de 16 a 14 años.

Es una ley muy positiva para la sociedad, no solo porque baja la edad de imputabilidad, sino también porque responsabiliza civilmente a los padres de esos menores por los ilícitos cometidos por sus hijos; al mismo tiempo, ofrece las máximas garantías a los menores, porque impide la imposición de prisión perpetua, reduce las escalas penales cuando se trata de menores de 14 y 15 años, dispone la posibilidad de reconvertir las penas de prisión cuando se cumplen dos tercios de la condena, establece la imposibilidad de cumplir la pena de prisión en los mismos establecimientos que los adultos, etc. En definitiva, es una ley que ha logrado compatibilizar los intereses de una sociedad que necesita vivir en paz con los de los menores que incurren en conductas delictivas.

La jueza Marta Pascual, titular del Juzgado Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora, dictó una medida cautelar para frenar la vigencia de la ley por 60 días

Pero la sociedad no solo necesita liberarse de las garras de los delincuentes, sino también de los magistrados que administran justicia pensando en favorecer a aquellos, y no a la gente en general. Es el caso de la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora, que dictó una medida cautelar para frenar la vigencia de la ley por 60 días, argumentando problemas de estructura carcelaria para alojar a detenidos menores. La magistrada ha salido a dar explicaciones sobre la medida adoptada, pero al hacerlo dejó al descubierto los verdaderos motivos por los cuales tomó la medida: no es partidaria de que los menores estén en la cárcel. Una postura ideológica que la ha impulsado a frenar la vigencia de una buena ley, sin importarle si ello es socialmente negativo.

No parece importarle a esta magistrada que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece, en su art. 37, inc. b, que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo de conformidad con la ley”. Obsérvese cómo el término “encarcelamiento”, tan temido por la militancia mal llamada “garantista”, es el que con toda naturalidad usa el referido instrumento internacional de derechos humanos al que la Argentina adhirió en 1990. Es evidente que los menores, desde los 14 años e incluso antes, están en perfectas condiciones para discernir si matar, robar, herir y violar es bueno o malo, y que, por lo tanto, si incurren en esas conductas, merecen ser aislados de la sociedad (encarcelados) para lograr su recuperación durante el tiempo en el que están privados de su libertad. Sin embargo, en la Argentina siguen administrando justicia (por así decirlo) jueces abolicionistas, que son felices dejando a delincuentes en libertad y que, en rigor de verdad, por el bien de la sociedad, deberían abandonar la magistratura y dedicarse, en todo caso, a defenderlos en ejercicio de la profesión de abogados.

El derecho penal y los jueces que lo aplican deben ajustar su tarea a los parámetros dispuestos por la Constitución nacional y los convenios internacionales que tienen su jerarquía, los cuales no desdeñan el “encarcelamiento” de los delincuentes (aun siendo menores), siempre que la legislación brinde las garantías necesarias para sostener la integridad física y psíquica de estos, y al mismo tiempo para asegurar la convivencia pacífica de la sociedad. La ley penal juvenil ha logrado ese equilibrio, pero evidentemente a ciertos jueces “garantistas” no les importa la paz social, sino proteger a los que la alteran. Mientras los delincuentes sigan siendo amparados por jueces abolicionistas, la sociedad jamás vivirá en paz; es por ello urgente y necesario que se pongan en marcha los mecanismos destinados a remover a los magistrados que, atrapados por teorías penales perversas, se empeñen en ejercer sus cargos con el único objetivo de administrar “injusticia”.