La Justicia ordenó el bloqueo de más de 180 sitios web que planeaban transmitir ilegalmente el Superclásico

En una medida contra la retransmisión no autorizada de contenidos deportivos, la justicia argentina dispuso el bloqueo de 182 dominios de internet. Estas plataformas digitales se encontraban preparadas para emitir de forma clandestina el partido de fútbol entre Boca Juniors y River Plate, uno de los acontecimientos con mayor audiencia en el país y la región.

La resolución judicial se concretó este domingo, momentos antes de que comenzara el encuentro deportivo en La Bombonera. La medida afectó de manera directa a diversos sitios derivados de reconocidas marcas de piratería digital, entre los cuales se destacaron variantes de Fútbol Libre, Roja Directa y Al Angulo TV.

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El procedimiento se originó a partir de una solicitud presentada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA). Tras recibir esta petición, la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (Ufeic) de San Isidro, bajo la conducción del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, intervino en el caso. El funcionario judicial requirió formalmente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que dispusiera la restricción de acceso a las páginas señaladas.

Posteriormente, el organismo regulador notificó la orden a las empresas proveedoras de servicios de internet (ISP) de todo el territorio nacional para que ejecutaran la inhabilitación inmediata de las direcciones web. Entre los dominios específicos que resultaron alcanzados por la disposición oficial se encontraron direcciones como futbol-libre.app, deportelibre.top, tarjetaroja.lol, rojadirecta.st, rusticotv.la y alangulotv.cx, entre otras plataformas de streaming.

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La resolución se encuadró en una investigación penal por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. Para neutralizar la actividad de estas organizaciones, la justicia autorizó la aplicación de mecanismos de bloqueo dinámico. Este recurso tecnológico permite actualizar de forma constante las restricciones y neutralizar la permanente migración de dominios que realizan los administradores de los portales ilegales para evadir los controles.

Según explicaron los voceros de la entidad denunciante, la articulación coordinada entre el sector público y el privado resultó clave para el éxito del operativo. El presidente de ALIANZA, Jorge Bacaloni, afirmó que la piratería audiovisual no constituye una conducta aislada ni un delito menor, sino que “forma parte de estructuras delictivas organizadas que obtienen ganancias indebidas a costa de la industria creativa, el deporte, la innovación y los consumidores”.

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“Este operativo demuestra que la colaboración entre el sector público y el privado es una herramienta fundamental para enfrentar una actividad ilícita cada vez más sofisticada”, expresó Bacaloni.

Más allá de las pérdidas económicas que esta actividad genera para los gobiernos y las empresas del sector, los especialistas advirtieron sobre los peligros directos que corren las personas que ingresan a estos sitios web. Bacaloni señaló que los usuarios que consumen contenidos piratas se exponen de manera constante al robo de sus datos personales.

De acuerdo con lo detallado por la organización, la información obtenida de forma ilícita en estas plataformas suele ser utilizada para la comisión de fraudes, la suplantación de identidad o la comercialización ilegal de bases de datos. Asimismo, los dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos inteligentes y televisores inteligentes corren el riesgo de infectarse con programas maliciosos, tales como malware y ransomware, ocultos en las transmisiones.

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Este bloqueo masivo se concretó pocos días después de que diversos actores del sector audiovisual analizaran la problemática en las Jornadas Internacionales organizadas por la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) y la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA). En dicho encuentro, los representantes de la industria coincidieron en la necesidad de fortalecer las herramientas de persecución contra estas redes de distribución no autorizada.

Desde ALIANZA recalcaron que la erradicación de estas prácticas requiere un trabajo conjunto y permanente entre los organismos judiciales, las autoridades regulatorias, las empresas titulares de derechos de transmisión, los operadores de telecomunicaciones y las asociaciones especializadas.